Por Dra©. María Isabel Muñoz Jaime, Directora de Carrera Trabajo Social Universidad Santo Tomás, Viña del Mar. Red Perspectivas de Género en la construcción del Bienestar integral, INES Género UST.
La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución histórica para contrarrestar la propagación del discurso de odio, proclamando el 18 de junio como el Día Internacional para su Erradicación. Al respecto, la UNESCO define este fenómeno como cualquier forma de comunicación que ataque o utilice un lenguaje peyorativo contra una persona o grupo en función de su identidad (ya sea por su religión, origen étnico, raza o género, entre otros factores). Estas manifestaciones no solo causan un profundo daño individual y pueden incitar a la violencia física, sino que también atacan directamente la inclusión, el reconocimiento a la diversidad y los derechos humanos. Ante esto, la resolución reconoce la necesidad de acabar con estas retóricas basadas en la discriminación y la xenofobia. Además, la ONU hace un llamado a los Estados, a las instituciones y a la sociedad civil a recordar que toda la ciudadanía tiene el deber moral de abordar este fenómeno y denunciar estos discursos.
Sin embargo, abordar este problema abre un complejo debate ético. En la discusión contemporánea, diversas posturas advierten sobre los riesgos de censurar o penalizar ciertos discursos simplemente porque un grupo los considere ofensivos, lo que podría derivar en abusos y restricciones arbitrarias. Así, a pesar de la legítima intención de proteger a colectivos históricamente vulnerados (como las diversidades y disidencias sexo genéricas, mujeres y migrantes), los defensores de la libertad de expresión argumentan que la censura puede agravar el problema en lugar de solucionarlo, invisibilizando tensiones subyacentes. Por otro lado, quienes apoyan la regulación y esta resolución enfatizan la urgencia ética y política de proteger a las víctimas de discursos sistemáticamente dañinos. En este sentido, la filósofa Judith Butler indica que no se debe restringir un discurso por lo que dice, sino por el daño efectivo que puede causar.
Por ello, el desafío para las democracias actuales ya no radica únicamente en buscar un equilibrio abstracto, sino en la urgencia de que los Estados y sus regulaciones asumed la responsabilidad ineludible de prohibir, sin excepción alguna, aquellas expresiones graves que inciten explícitamente al odio, a la violencia, la hostilidad o la discriminación. El foco de la discusión debe centrarse en erradicar la amenaza real y el daño dirigido a las personas, protegiendo su dignidad por sobre cualquier retórica.